El pueblo en armas

Por Rafael Millán

 

Alrededor de 19.400 personas habrán muerto asesinadas en Venezuela en el año 2009. Caracas es hoy la segunda ciudad más peligrosa del mundo, superada sólo por Ciudad Juárez, México.¹ Se estima que cinco personas son asesinadas cada día en la capital venezolana. A estas casi veinte mil víctimas fatales de la inseguridad a nivel nacional se les suman los heridos, secuestrados, violados y asaltados, así como los reportes de crímenes policíacos sin investigar.

A pesar de que las estadísticas sean por sí solas alarmantes, puede ser aun más irritante conocer las circunstancias en las que se desarrolla esta inseguridad. La diversificación de los responsables de la delincuencia ha llegado a una magnitud tan absurda que ya no es posible culpar a alguien de la inseguridad, es decir que estos veinte mil muertos son víctimas de la delincuencia común, del ambiente cotidiano en el que vive el venezolano. Quizás es esta particularidad la que haga de resolver la inseguridad un desafío tan imponente.

A diferencia de muchos de los problemas que afronta el país, se puede decir con poca subjetividad que la inseguridad afecta a todos los venezolanos: chavistas o antichavistas —que son generalmente las dos categorías que polarizan las reivindicaciones de la población. Incluso el vicepresidente Ramón Carrizález lo parece asumir como un “problema de Estado”, y el Consejo de Seguridad Ciudadana estima que el 20% de los delitos son cometidos por policías.

Pero esta aparente introspección gubernamental no es más que una estrategia para deshacerse del problema, como si el hecho de admitir con sinceridad que la inseguridad afecta a todos —incluso a los chavistas— hiciera al Estado menos responsable del problema. Reconocer públicamente que la ineficacia de las políticas de protección ciudadana es un problema de Estado es redundancia en su más perfecta encarnación. ¿Quién diría que el fracaso de las políticas de seguridad del Estado es… un problema de Estado?

No obstante, no cabe duda de que el problema de la inseguridad viene desde antes de la llegada de Chávez al poder hace casi 11 años. Ése es el argumento que el Estado utiliza para defender su retraso en materia de inseguridad. Es cierto que la delincuencia en Venezuela es un problema de idiosincrasia, que no se puede resolver con una sola política. Es un problema que comienza con la educación del venezolano, con el ambiente en el que se cría. No es un problema puntual ni temporal, es uno que traspasa generaciones. La magnitud del problema, y como ya lo dije, su diversificación, hacen que la reducción de la inseguridad parezca una tarea imposible. Pero esto no cambia el hecho de que la inseguridad no haya parado de aumentar desde que Chávez se instaló en el poder —como lo muestran claramente las estadísticas.

Los pocos esfuerzos que ha hecho el gobierno para combatir la delincuencia han sido ellos mismos víctimas de la inseguridad. El pasado 1º de noviembre fue asesinado Delio Amado Hernández Da Costa, jefe del Plan Caracas Segura, un operativo que intentaba reducir la inseguridad en la capital. Irónicamente, el jefe anti-delincuencia es víctima de la delincuencia.

¿Y qué no hace el Estado? Considerando que el 98% de los homicidios en el país son cometidos con armas de fuego, y que hoy circulan cuatro millones y medio de ellas ilegalmente en el territorio, un desarme popular sería un buen punto de partida para emprender esta tarea imposible. Sin embargo, el gobierno de Chávez parece estar dirigiéndose en la dirección opuesta, equipando con armamento a nuevas milicias populares para que defiendan los barrios; es lo que él llama “el pueblo en armas”. A mediados de este año, Rusia le otorgó un crédito de 2.200 millones de dólares al país para la compra de armas, y hace unos días se anunció que este mismo país ayudaría a crear una fábrica de ametralladoras en Venezuela.

“Nosotros no tenemos planes de agredir a nadie, pero vamos a convertir a Venezuela en un país capaz de defender hasta el último milímetro del territorio y para eso es importante la participación del pueblo”. Esto salió de la boca de Chávez el 21 de octubre para explicar por qué habría de darle más metralletas a los venezolanos, pero con cuatro millones y medio de armas ilegales, Venezuela no necesita calles en las que circule “el pueblo en armas”. El pueblo ya está en armas, y nos está costando mucho más que 2.200 millones de dólares…

¹ El Universal (26-08-2009). « Caracas es la segunda ciudad más violenta del mundo por homicidios según estudio. »

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